El Decreto 1260, firmado a menos de dos semanas del cierre de alianzas, limita el pegado de listas municipales con fórmulas provinciales. Una maniobra que expone la inseguridad del oficialismo y el intento de blindar la candidatura de Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador.
El gobernador Gustavo Valdés acaba de firmar un decreto que, bajo la excusa de “ordenar el proceso electoral”, restringe derechos adquiridos en la práctica democrática de Corrientes. Con el Decreto N° 1260, el mandatario busca imposibilitar que partidos municipales adhieran a más de una fórmula provincial, una herramienta legítima que históricamente permitió ampliar la representación y participación ciudadana en elecciones simultáneas.
¿Por qué ahora? ¿Por qué a tan solo días del cierre de alianzas para las elecciones del 31 de agosto?
La respuesta parece tan obvia como preocupante: Valdés está decidido a imponer la candidatura de su hermano Juan Pablo como sucesor, y no quiere dejar ningún cabo suelto. La jugada de los sectores opositores de llevar listas municipales adheridas a distintas fórmulas provinciales, muchas de ellas competitivas, ponía en jaque la estructura electoral del oficialismo. La respuesta no fue competir mejor: fue prohibir, restringir, bloquear.
Esta decisión no solo revela una falta de confianza en su propio proyecto, sino que dibuja una peligrosa concentración de poder. El actual gobernador no puede reelegirse, pero quiere seguir manejando los hilos del poder provincial a través de su hermano. Para eso, está dispuesto a modificar reglas históricas del sistema electoral con un decreto firmado entre gallos y medianoche.
¿No debería ser el pueblo quien decida libremente con qué fórmula se identifica en cada nivel del Estado? ¿Qué mensaje se envía al electorado cuando se impide que una lista municipal apoye a un gobernador con quien comparte ideas, aunque no esté dentro de la alianza formal? ¿Dónde queda la autonomía municipal que tanto se defiende en los discursos?
Con esta medida, Valdés debilita la democracia, limita las estrategias de la oposición y contamina el proceso electoral con sospechas de arbitrariedad y manipulación. Porque si una regla cambia justo cuando puede beneficiar a otros, ya no es una norma electoral: es un instrumento de control.
El decreto llega tarde en el calendario pero justo a tiempo para evitar lo que más teme el oficialismo: una derrota sin excusas, una elección verdaderamente libre. Asegurar el triunfo de su hermano no debería implicar cercenar derechos electorales ni borrar con un decreto las prácticas que le sirvieron a él mismo para llegar al poder.
La democracia se fortalece con pluralismo, no con decretos que huelen a miedo.
