El Intendente ratificó que hará una presentación ante el STJ porque considera que está viciado de nulidad el juicio político iniciado en el recinto. Mientras tanto, dos de los tres ediles sostienen que el proceso es legal y esperan que el funcionario realice mañana su descargo.
El Intendente ratificó que hará una presentación ante el STJ porque considera que está viciado de nulidad el juicio político iniciado en el recinto. Mientras tanto, dos de los tres ediles sostienen que el proceso es legal y esperan que el funcionario realice mañana su descargo.
Eduardo González reiteró ayer que no acatará la decisión de la mayoría de los ediles que lo suspendió por 30 días como intendente de Pago de los Deseos. Sostiene que el proceso de juicio político está viciado de nulidad porque no se respetó la normativa vigente y por ello afirmó que en las próximas horas hará una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Por su parte, concejales también ratificaron que el Vice debería estar a cargo del Ejecutivo y que esperan que el jefe comunal concurra mañana para presentar las rendiciones adeudas por las cuales vecinos presentaron la denuncia que dio origen a la enjuiciamiento.
Aunque con argumentos distintos, las partes coinciden en que el conflicto de poderes podría terminar dirimiendose en los estrados judiciales.
“Sigo siendo el intendente y no estoy suspendido porque esa sanción que supuestamente aplicaron dos de los tres ediles lo hicieron sin respetar la normativa vigente. Hay que tener en cuenta que nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de Municipios. Y ellos, fuera del orden del día, leen una presunta nota de un grupo de vecinos que reclamaban balances, tratan eso sobre tablas y ya aprueban el inicio del juicio político en mi contra. En ese marco, también ya aplican una suspensión de 30 días”, manifestó González en diálogo con El Litoral.
Haciendo referencia en este punto a lo sucedido en la sesión del pasado miércoles, el funcionario opina que los ediles “habrían cometido una serie de fallas procedimentales” que considera que “podrían constituir un abuso de autoridad por parte de ellos porque no respetaron la legislación vigente y eso ahora daña la institucionalidad del Municipio”.
“Pero creo que lo más grave es que todo esto tiene una motivación política. Ellos saben que las rendiciones del 2013 fueron giradas al Tribunal de Cuentas de la Provincia y las correspondientes a los dos últimos años, se enviaron al órgano de contralor municipal”, indicó González, quien remarcó “puedo tener errores pero no cometí ninguna irregularidad en la administración de los fondos”.
Basándose en que considera que fue sancionado en un juicio político viciado de nulidad y en que no existen motivos para ser separado del cargo es que, en las próximas horas realizaría una presentación ante el STJ para plantear que existe un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo. Al mismo tiempo que solicitaría la nulidad de suspensión aprobada por los ediles y además, no descartó la posibilidad de pedir que los integrantes del cuerpo deliberativo que aprobaron su suspensión sean enjuiciados por presunto abuso de autoridad.
Asamblea
En paralelo, el lunes los ediles que avalaron el inicio del juicio político intentaron notificar al jefe comunal.
“Fuimos con una escribana al Municipio. Pero tanto el vice como otras funcionarias se negaron a notificarse. Se dejó constancia de eso en un acta y ahora estamos reunidos en una asamblea vecinal explicando cuál es el rol del Concejo y por qué se inició el juicio”, contaron al cierre de esta edición desde el cuerpo deliberativo. Tras lo cual manifestaron a este diario que “se le pidió acompañamiento a la comunidad y esperamos que el miércoles el intendente concurra a la sesión con los balances adeudados. Caso contrario, se seguirá con el proceso”.
Asimismo, agregaron que “de ser necesario también iremos a la Justicia porque hicimos todo de acuerdo a lo fijado por la ley. No hay nada ilegal”.
Así, el Ejecutivo por un lado y dos de los tres integrantes del Concejo Deliberante por el otro, sostienen que sus acciones se enmarcan dentro de la legislación vigente por lo que el conflicto de poderes se dirimiría en los estrados judiciales.
Fuente: El Litoral
Eduardo González reiteró ayer que no acatará la decisión de la mayoría de los ediles que lo suspendió por 30 días como intendente de Pago de los Deseos. Sostiene que el proceso de juicio político está viciado de nulidad porque no se respetó la normativa vigente y por ello afirmó que en las próximas horas hará una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Por su parte, concejales también ratificaron que el Vice debería estar a cargo del Ejecutivo y que esperan que el jefe comunal concurra mañana para presentar las rendiciones adeudas por las cuales vecinos presentaron la denuncia que dio origen a la enjuiciamiento.
Aunque con argumentos distintos, las partes coinciden en que el conflicto de poderes podría terminar dirimiendose en los estrados judiciales.
“Sigo siendo el intendente y no estoy suspendido porque esa sanción que supuestamente aplicaron dos de los tres ediles lo hicieron sin respetar la normativa vigente. Hay que tener en cuenta que nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de Municipios. Y ellos, fuera del orden del día, leen una presunta nota de un grupo de vecinos que reclamaban balances, tratan eso sobre tablas y ya aprueban el inicio del juicio político en mi contra. En ese marco, también ya aplican una suspensión de 30 días”, manifestó González en diálogo con El Litoral.
Haciendo referencia en este punto a lo sucedido en la sesión del pasado miércoles, el funcionario opina que los ediles “habrían cometido una serie de fallas procedimentales” que considera que “podrían constituir un abuso de autoridad por parte de ellos porque no respetaron la legislación vigente y eso ahora daña la institucionalidad del Municipio”.
“Pero creo que lo más grave es que todo esto tiene una motivación política. Ellos saben que las rendiciones del 2013 fueron giradas al Tribunal de Cuentas de la Provincia y las correspondientes a los dos últimos años, se enviaron al órgano de contralor municipal”, indicó González, quien remarcó “puedo tener errores pero no cometí ninguna irregularidad en la administración de los fondos”.
Basándose en que considera que fue sancionado en un juicio político viciado de nulidad y en que no existen motivos para ser separado del cargo es que, en las próximas horas realizaría una presentación ante el STJ para plantear que existe un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo. Al mismo tiempo que solicitaría la nulidad de suspensión aprobada por los ediles y además, no descartó la posibilidad de pedir que los integrantes del cuerpo deliberativo que aprobaron su suspensión sean enjuiciados por presunto abuso de autoridad.
Asamblea
En paralelo, el lunes los ediles que avalaron el inicio del juicio político intentaron notificar al jefe comunal.
“Fuimos con una escribana al Municipio. Pero tanto el vice como otras funcionarias se negaron a notificarse. Se dejó constancia de eso en un acta y ahora estamos reunidos en una asamblea vecinal explicando cuál es el rol del Concejo y por qué se inició el juicio”, contaron al cierre de esta edición desde el cuerpo deliberativo. Tras lo cual manifestaron a este diario que “se le pidió acompañamiento a la comunidad y esperamos que el miércoles el intendente concurra a la sesión con los balances adeudados. Caso contrario, se seguirá con el proceso”.
Asimismo, agregaron que “de ser necesario también iremos a la Justicia porque hicimos todo de acuerdo a lo fijado por la ley. No hay nada ilegal”.
Así, el Ejecutivo por un lado y dos de los tres integrantes del Concejo Deliberante por el otro, sostienen que sus acciones se enmarcan dentro de la legislación vigente por lo que el conflicto de poderes se dirimiría en los estrados judiciales.
Fuente: El Litoral
