En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, la gestión del intendente Noel Gómez presentó un controvertido proyecto para firmar un convenio con dos empresas para la instalación de radares de velocidad en las rutas. Desde el ejecutivo local argumentan que la medida busca reducir accidentes viales, mientras que la oposición denuncia un propósito meramente recaudatorio.
El Honorable Concejo Deliberante de Saladas fue escenario de una acalorada discusión tras la presentación de un proyecto de ordenanza por parte de la gestión del intendente Noel Gómez. El proyecto propone la firma de un convenio con la empresa NEURALTECH S.A. para la instalación de radares de velocidad en las rutas que atraviesan la localidad. Según argumenta el ejecutivo, la instalación de estos dispositivos tiene como objetivo principal la reducción de accidentes viales, obligando a los conductores a respetar los límites de velocidad.
Sin embargo, los concejales del Frente de Todos expresaron su rechazo, solicitando el pase a archivo del proyecto. Los ediles opositores señalaron que, lejos de tratarse de una medida de seguridad vial, el verdadero propósito del convenio es meramente económico y recaudatorio. De hecho, junto al convenio con NEURALTECH S.A., se presentó un segundo convenio con la empresa E-PAGOS S.A., encargada de la gestión de cobranza de las multas generadas por los radares.
El cuestionado proyecto fue derivado a la Comisión de Gobierno para su análisis, a solicitud de los concejales de Eco+Vamos Corrientes. Mientras tanto, la oposición se mantuvo firme en su postura, insistiendo en que el proyecto debe ser archivado, ya que no responde a las verdaderas necesidades de la comunidad.
La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar. La comunidad de Saladas, mayoritariamente en desacuerdo con la proliferación de radares, ya había manifestado su rechazo a la gran cantidad de estos dispositivos instalados en el trayecto de la Ruta Nacional 12, desde Saladas hasta Corrientes. La posibilidad de sumar más radares solo ha intensificado el descontento, generando una creciente tensión entre el gobierno local y los vecinos.
Este episodio refleja una vez más las tensiones en torno a las políticas de seguridad vial y las sospechas de que, detrás de las medidas propuestas, se esconden intereses económicos que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. La discusión sobre el proyecto continuará en las próximas sesiones, con una comunidad atenta y cada vez más crítica ante las decisiones del ejecutivo municipal.
