Una hora antes de la aparición del testigo del juicio a Patti, el Presidente advirtió que no "cedería a la extorsión". Aseguró que "es la misma metodología que utilizaron durante el juicio a las juntas". De esta forma descartó que pueda dictar una ley de amnistía. Por otra parte, pidió a quienes testificaron en los procesos contra militares que "acepten la protección que queremos brindarles".
El presidente Néstor Kirchner afirmó ayer que no avalará "ningún tipo de amnistía" y remarcó la defensa del Estado derecho, al tiempo que afirmó que se continuará con los juicios a los represores para que "los asesinos estén donde deben estar, en la cárcel". "No solo están en juego mis convicciones y mis ideas. Se trata de defender el Estado de derecho que integran las convicciones y las ideas y formas de vida de todos los ciudadanos de bien", remarcó el Presidente, en un mensaje por cadena nacional. Kirchner afirmó: "Sepan todos que este presidente no avalará que se dicte ningún tipo de ley de amnistía. La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad". El presidente se dirigió a la población a través de la cadena nacional de radio y televisión para referirse a la situación del albañil Luis Gerez, testigo contra el ex comisario Luis Patti y de cuyo paradero no se tenían noticias al momento del discurso, y a la desaparición de Jorge Julio López. "Hace poco más de cien días, manos anónimas secuestraron al testigo del caso Etchecolatz, Jorge Julio López y hace dos días que no tenemos noticias del testigo del caso Patti, Luis Gerez", dijo el presidente. En ese sentido, Kirchner expresó que todo hace pensar que en ambos casos actuaron grupos que se conocían como "mano de obra desocupada, es decir elementos paramilitares o parapoliciales". Kirchner sostuvo que esos grupos quieren "amedrentar y lograr su objetivo que es la impunidad". El presidente sostuvo que tienen la misma metodología que utilizaron tras el juicio a las Juntas Militares: "extorsionar para tener impunidad" y recordó que en aquel momento fueron "las leyes de obediencia debida y punto final". Al respecto, al resaltar que el Congreso derogó esas normas, dijo que esos grupos "reclaman una amnistía, tal como públicamente manifestaron en Plaza San Martín". "Algunos interesados tratan de hacernos creer que resultaría mejor echar un manto de olvido sobre los actos criminales que cometieron en aras de una supuesta reconciliación. Sabemos que cualquier concesión es nefasta y echa por tierra cualquier avance", afirmó. Y enfatizó: "El estado de derecho, el respeto de los derechos humanos se encuentra en la base de nuestro crecimiento y de nuestra recuperación e inserción en la comunidad internacional". En ese marco, dijo que gran parte de la tarea de reconstrucción de la Argentina y la recuperación de su dignidad a nivel internacional, está basada "en el acento que ponemos en la lucha por el imperio de los derechos humanos". "La reconstrucción del país debe hacerse en base a la verdad, la justicia y la eliminación de todo tipo de impunidad. Ningún país serio puede ceder a la extorsión criminal de quienes merecen el castigo", acotó. Kircknner dijo que en el pasado, esos grupos "lograron por extorsión detener la acción de la justicia" y ahora "tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les siguen para evitar el castigo que se merecen por las graves violaciones a los derechos humanos". Al respecto, dijo que "envían a la sociedad una suerte de metamensaje porque quieren hacernos sentir que todos estamos en libertad condicional y con la vida en riesgo". "Si los argentinos queremos vivir en Estado de derecho, no podemos ceder a esa extorsión", indicó el presidente, y sostuvo que "es un imperativo moral redoblar los esfuerzos para que la defensa de los derechos humanos se afirme en la continuidad de la acción de la justicia". "Estado de derecho es hoy en la Argentina y en cualquier lugar del mundo sostener con firmeza la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del espíritu de la ley", señaló. En esa línea, subrayó: "Quienes quieren parar los juicios deben enfrentar la firmeza de todo el pueblo argentino que quiere vivir en paz y sin impunidad". "Es preciso que cada uno de los habitantes de nuestra querida patria asuma con responsabilidad la gravedad de la hora", instó el presidente y pidió a quienes son testigos en los juicios que "acepten la protección que queremos brindarles". El presidente dijo que las Fuerzas Armadas y de seguridad y las policías de provincias implicadas en la violación de los derechos humanos deben recorrer todavía un largo camino para superar "la descomposición que significó la participación en la represión ilegal y recuperar capacidad investigativa a través de la ciudadanía". "Se trata de defender o no el Estado de derecho y los derechos humanos", agregó y reiteró: "No permitiremos que paren los juicios, por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia para que juzgue y los asesinos estén donde deben estar, en cárceles comunes". El presidente dijo que las instituciones públicas, la totalidad de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, y el pueblo "ante la amenaza de la extorsión y el miedo que quieren imponernos deben reafirmar su inquebrantable defensa del Estado de derecho". En la Casa Rosada estaban el jefe de Gabinete Alberto Fernández y los ministros del Interior Aníbal Fernández y de Educación Daniel Filmus como así también los secretarios de Legal y Técnica Carlos Zannini y General Carlos Parrili y el vicepresidente Daniel Scioli. Kirchner había recurrido a la cadena nacional el 5 de junio de 2003, 10 días después de asumir, cuando instó al Congreso a activar los pasos para agilizar el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El mensaje de ayer del Presidente, que duró poco más de cinco minutos, cerró una jornada ardua de reuniones en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, en las que Kirchner monitoreaba permanentemente el curso de la investigación. Kirchner habló ayer varias veces con el gobernador bonaerense Felipe Solá, quien ayer dictó la resolución por la que decisión entregar una recompensa de 400 mil pesos a quien dé algún dato certero acerca de Gerez.
