EL DATO: Según adelantó Hervin Olivera, se encuentra en estudio el balance presentado por la realización de la última edición de los corsos en esta ciudad, “en el cual también pueden verse a simple vista serias anomalías que dejan al descubierto un descuido total en el manejo del dinero comunal”. FUENTE: Diario El Litoral
El balance de la 6° Fiesta Provincial de la Miel, realizada en octubre pasado en la localidad de Saladas, amenaza con provocar un nuevo conflicto entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de esa ciudad. Es que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Legislativo encontró serias irregularidades en el informe de gastos presentado por la Comuna y rechazó en todo su contenido el documento. Anoche al cierre de esta edición, se analizaba en el Concejo presentar una denuncia a la Justicia por este desmanejo.
Según argumentaron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo saladeño, el balance presentado no contiene facturas que tengan validez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ni comprobantes enmarcados en las normas vigentes. Asimismo, se registran irregularidades en el pago por los servicios, publicidad y números artísticos que tuvo el evento, ya que el Municipio abonó en efectivo montos superiores a los $1.000, los cuales deberían haber sido pagados mediante cheques, según la normativa vigente en la Carta Orgánica de la Municipalidad saladeña.
“Hay recibos sin validez, que no se ajustan a la Resolución 1415 de la Afip, y además se incumplió con un montón de requisitos que deben respetarse”, sostuvo a El Litoral el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo, Hervin Olivera. El edil justicialista (aunque opositor a su “compañero”, el intendente Daniel Alterats) comentó que el balance de la fiesta fue analizado junto a los últimos dos trimestres del año pasado. Así, junto a las dos profesionales de las ciencias económicas que asesoran al Legislativo saladeño en su labor, hallaron serias irregularidades que hicieron que el despacho de comisión fuera desfavorable y rechazado por los ediles que integran el
grupo parlamentario.
“Consideramos que como el Municipio recibe dinero en forma legal, ya sea de coparticipaciones o ingresos genuinos, esos fondos se deben administrar con la misma transparencia, y acá lo menos que hubo fue transparencia”, señaló Oliveras, haciendo alusión al “manejo de bolichero” que muestra Alterats con los fondos del Municipio, y como lo han apodado en la ciudad debido a los balances y presupuestos que presenta totalmente fuera de las normas legales.
Además de las facturas inválidas que presentó el balance firmado por el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Eduardo Acuña, la comisión parlamentaria encontró pagos en efectivo por montos mayores a los $1.000. Esta modalidad está prohibida, ya que la Carta Orgánica saladeña sostiene que los pagos que superen esa suma deberán realizarse por medio de cheques. Además, en el documento no se adjuntaron los contratos de los artistas que se presentaron en la fiesta de octubre del año pasado.
Anoche se conocería en la sesión ordinaria del Concejo el despacho desfavorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el cual solicitan a las autoridades del Cuerpo la “remisión de estos antecedentes a la Justicia competente, por considerar que los funcionarios incurrieron en graves incumplimientos, como los deberes de funcionario público (Artículo 48 del Código Penal) o fraude en la Administración Pública”. Si bien debía ser analizado por los concejales, desde la oposición preveían que se aprobaría esta moción, dado que el Cuerpo saladeño cuenta con seis ediles opositores y cinco oficialistas, y este tipo de cuestión se aprueba -según informaron- por mayoría simple.
Según argumentaron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo saladeño, el balance presentado no contiene facturas que tengan validez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ni comprobantes enmarcados en las normas vigentes. Asimismo, se registran irregularidades en el pago por los servicios, publicidad y números artísticos que tuvo el evento, ya que el Municipio abonó en efectivo montos superiores a los $1.000, los cuales deberían haber sido pagados mediante cheques, según la normativa vigente en la Carta Orgánica de la Municipalidad saladeña.
“Hay recibos sin validez, que no se ajustan a la Resolución 1415 de la Afip, y además se incumplió con un montón de requisitos que deben respetarse”, sostuvo a El Litoral el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo, Hervin Olivera. El edil justicialista (aunque opositor a su “compañero”, el intendente Daniel Alterats) comentó que el balance de la fiesta fue analizado junto a los últimos dos trimestres del año pasado. Así, junto a las dos profesionales de las ciencias económicas que asesoran al Legislativo saladeño en su labor, hallaron serias irregularidades que hicieron que el despacho de comisión fuera desfavorable y rechazado por los ediles que integran el
grupo parlamentario.
“Consideramos que como el Municipio recibe dinero en forma legal, ya sea de coparticipaciones o ingresos genuinos, esos fondos se deben administrar con la misma transparencia, y acá lo menos que hubo fue transparencia”, señaló Oliveras, haciendo alusión al “manejo de bolichero” que muestra Alterats con los fondos del Municipio, y como lo han apodado en la ciudad debido a los balances y presupuestos que presenta totalmente fuera de las normas legales.
Además de las facturas inválidas que presentó el balance firmado por el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Eduardo Acuña, la comisión parlamentaria encontró pagos en efectivo por montos mayores a los $1.000. Esta modalidad está prohibida, ya que la Carta Orgánica saladeña sostiene que los pagos que superen esa suma deberán realizarse por medio de cheques. Además, en el documento no se adjuntaron los contratos de los artistas que se presentaron en la fiesta de octubre del año pasado.
Anoche se conocería en la sesión ordinaria del Concejo el despacho desfavorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el cual solicitan a las autoridades del Cuerpo la “remisión de estos antecedentes a la Justicia competente, por considerar que los funcionarios incurrieron en graves incumplimientos, como los deberes de funcionario público (Artículo 48 del Código Penal) o fraude en la Administración Pública”. Si bien debía ser analizado por los concejales, desde la oposición preveían que se aprobaría esta moción, dado que el Cuerpo saladeño cuenta con seis ediles opositores y cinco oficialistas, y este tipo de cuestión se aprueba -según informaron- por mayoría simple.
