Las partes querellantes coincidieron en el pedido de "prisión perpetua y cárcel común" para el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por los delitos de "Lesa Humanidad", al iniciar ayer los alegatos en la causa que involucra a otros siete militares por la muerte de cuatro jóvenes ocurridos en 1977.
Martín Fresneda y Claudio Orosz, representantes de los familiares de de Hilda Palacios -una de las cuatro víctimas de este juicio- consideraron a Menéndez "autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en todos los casos en concurso real y agravados por su condición de funcionario público" al momento de los hechos.
Los abogados solicitaron al tribunal la aplicación de "prisión e inhabilitación perpetua mas accesorias", por entender que Menéndez fue "autor mediato de los hechos, del dominio de la voluntad y del dominio del aparato organizado del poder para el aniquilamiento sistemático de las personas".
Además de Menéndez están imputados, Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, por el secuestro, tortura y muerte de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo.
Las víctimas fueron secuestradas entre los días el 6 y el 8 de noviembre de 1977 en la capital de Córdoba y, luego alojados en el centro clandestino de detención de La Perla y el 15 de diciembre de ese año fueron acribillados en un simulacro de enfrentamiento que se montó en Colón y Sagrada Familia de esta ciudad.
Para Rodríguez, Acosta y Vega solicitaron 21 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravado e imposición de tormentos agravado".
Díaz, Lardone, Manzanelli y Padován, según la querella, son responsables de los mismos delitos que Menéndez y consecuentemente solicitaron "prisión e inhabilitación perpetua", y para todos los casos "cárcel común".
Asimismo se pidió abrir una investigación penal para determinar si Acosta tuvo participación en el homicidio de Palacios, ya que "las pruebas surgidas en el debate nos lleva a presumir esa sospecha", manifestó Orosz al concluir su alegato.
Mauro Ompré, abogado querellante en representación de Lajas, también alegó esta tarde y pidió similares condenas para todos los imputados, salvo en el caso del militar Rodríguez que no lo sindica como responsable del ’homicidio’.
También pidió al tribunal de enjuiciamiento (Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará) que tenga en cuenta la jurisprudencia existente referido a los "beneficios indebidos" o "grosero privilegio" como llamó citando a un autor jurídico, aludiendo al inminente pedido de las defensas de los imputados sobre la prisión domiciliaria en caso de condenas.
Los alegatos, en ambos casos, dieron como "probados con certeza" que Lajas y Palacios fueron "secuestrados, torturados y asesinados por los funcionarios públicos (militares) que respondían a un plan sistemático de aniquilamiento a toda oposición al régimen dictatorial", manifestó Fresneda.
En ese sentido ubica a Menéndez como responsable de la ejecución de los "planes siniestros en Córdoba", haciendo fusilar a las personas en los llamados ’operativos ventilador’ que luego simulaban como enfrentamientos.
Por su parte Ompré completó esa teoría diciendo que "en la región al mando de Menéndez se había instaurado un pacto de sangre, que consistía en la idea de que mientras mayor fuera la cantidad de personas involucradas con estos crímenes, garantizaba mayor impunidad porque ninguno lo denunciaría".
En la jornada de este viernes alegarán los fiscales (Maximiliano Hairebedian, Graciela López Filonuk y Fabián Asis) y el querellante oficial, Marcelo Arrieta, en representación de Brandalisis y Cardozo.
Entre el lunes y martes expondrán los defensores de los imputados: Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, representando a Acosta; los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva asistiendo a los siete restantes.
La totalidad de los imputados hicieron uso del derecho a retirarse de la audiencia cuando comenzaron los alegatos, instancia que este jueves presentó una sala colmada de público, entre ellos el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Candioti, y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.
Los abogados solicitaron al tribunal la aplicación de "prisión e inhabilitación perpetua mas accesorias", por entender que Menéndez fue "autor mediato de los hechos, del dominio de la voluntad y del dominio del aparato organizado del poder para el aniquilamiento sistemático de las personas".
Además de Menéndez están imputados, Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, por el secuestro, tortura y muerte de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo.
Las víctimas fueron secuestradas entre los días el 6 y el 8 de noviembre de 1977 en la capital de Córdoba y, luego alojados en el centro clandestino de detención de La Perla y el 15 de diciembre de ese año fueron acribillados en un simulacro de enfrentamiento que se montó en Colón y Sagrada Familia de esta ciudad.
Para Rodríguez, Acosta y Vega solicitaron 21 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravado e imposición de tormentos agravado".
Díaz, Lardone, Manzanelli y Padován, según la querella, son responsables de los mismos delitos que Menéndez y consecuentemente solicitaron "prisión e inhabilitación perpetua", y para todos los casos "cárcel común".
Asimismo se pidió abrir una investigación penal para determinar si Acosta tuvo participación en el homicidio de Palacios, ya que "las pruebas surgidas en el debate nos lleva a presumir esa sospecha", manifestó Orosz al concluir su alegato.
Mauro Ompré, abogado querellante en representación de Lajas, también alegó esta tarde y pidió similares condenas para todos los imputados, salvo en el caso del militar Rodríguez que no lo sindica como responsable del ’homicidio’.
También pidió al tribunal de enjuiciamiento (Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará) que tenga en cuenta la jurisprudencia existente referido a los "beneficios indebidos" o "grosero privilegio" como llamó citando a un autor jurídico, aludiendo al inminente pedido de las defensas de los imputados sobre la prisión domiciliaria en caso de condenas.
Los alegatos, en ambos casos, dieron como "probados con certeza" que Lajas y Palacios fueron "secuestrados, torturados y asesinados por los funcionarios públicos (militares) que respondían a un plan sistemático de aniquilamiento a toda oposición al régimen dictatorial", manifestó Fresneda.
En ese sentido ubica a Menéndez como responsable de la ejecución de los "planes siniestros en Córdoba", haciendo fusilar a las personas en los llamados ’operativos ventilador’ que luego simulaban como enfrentamientos.
Por su parte Ompré completó esa teoría diciendo que "en la región al mando de Menéndez se había instaurado un pacto de sangre, que consistía en la idea de que mientras mayor fuera la cantidad de personas involucradas con estos crímenes, garantizaba mayor impunidad porque ninguno lo denunciaría".
En la jornada de este viernes alegarán los fiscales (Maximiliano Hairebedian, Graciela López Filonuk y Fabián Asis) y el querellante oficial, Marcelo Arrieta, en representación de Brandalisis y Cardozo.
Entre el lunes y martes expondrán los defensores de los imputados: Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, representando a Acosta; los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva asistiendo a los siete restantes.
La totalidad de los imputados hicieron uso del derecho a retirarse de la audiencia cuando comenzaron los alegatos, instancia que este jueves presentó una sala colmada de público, entre ellos el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Candioti, y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.
