Las autoridades de un hospital de Puerto Madryn, donde el chico está internado, pidieron autorización a la Justicia porque la situación es "irreversible". Pero los padres se oponen, porque dicen que su hijo da señales de vida. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que hace falta debatir temas como éste.
El Comité de Ética de un hospital de la ciudad chubutense de Puerto Madryn pidió a la Justicia que analice el retiro del respirador artificial a un niño internado desde 2005 con muerte cerebral, pero los padres del chico se oponen porque dicen que su hijo da señales de vida. El caso generó polémica entre las autoridades del hospital "Andrés Isola", quienes señalaron que pidieron autorización a la Justicia porque la situación es "irreversible", y los padres, que aseguran que notan cambios en su hijo. "No pedimos la desconexión ni la aprobamos", destacó a Télam José Andrade, padre de Brian, de cinco años, quien fue atropellado el 13 de abril del 2005 cuando cruzaba una avenida de Puerto Madryn, a partir de lo cual quedó en estado vegetativo irreversible. Andrade sostuvo que "la posibilidad de desconectarlo surgió de un pediatra que nos planteó el tema tres veces y siempre le dijimos que no, pero la última oportunidad nos comunicó que él ya había mandado todos los papeles a la Justicia". El padre, de 24 años, que trabaja en la construcción, manifestó, además, que "en el hospital dicen que es para no prolongar la agonía de mi hijo y que su estado es irreversible, pero nosotros notamos cambios". "Sonríe, cuando le duele la panza se queja y mueve los bracitos y las piernitas; la posibilidad de un milagro siempre está y nosotros estamos esperando ese milagro", afirmó Andrade, quien añadió: "No vamos a firmar la sentencia de muerte de nuestro hijo". En tanto, el médico legista del hospital, Juan Carlos Coronel, confirmó la presentación ante la Justicia para que se "estudie la posibilidad de desconectar al niño del respirador", la que partió desde el servicio de pediatría del centro asistencial y fue canalizada a través del Comité de Bioética. "El cuadro es irreversible", aseveró Coronel, quien explicó que el niño mantiene un diagnóstico de estado vegetativo permanente desde hace más de un año, que es, justamente, el tiempo obligatorio que se debe esperar para recurrir a la Justicia. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, manifestó la necesidad de discutir los casos de pacientes con muerte cerebral mantenidos vivos artificialmente, ya que aseguró que "será el tema médico de los próximos años". El ministro, quien inauguró en Mar del Plata un operativo de Salud para el verano, dijo a Télam que "hace 20 años ese chico se hubiera muerto enseguida y no habría habido una discusión, pero ahora está asistido artificialmente, y eso hace que sobreviva". "Hoy se puede lentificar la muerte muchísimo. Y entonces digo que nos falta todavía una discusión social y sobre todo leyes que se adecuen a estas nuevas posibilidades" que brinda la ciencia médica y farmacológica, señaló. Ginés González García remarcó que "a veces mantenerlo le puede dar dinero más a uno que a otro, pero la cuestión es que antes la gente se enfermaba y se moría y ahora la gente se enferma y por ahí tiene muerte cerebral pero no tiene el resto de la muerte". Recordó el caso de Karen Quinlan, una joven que estuvo once años en estado vegetativo, y dijo que en estas cuestiones "no están las definiciones de la sociedad y de la ley" y que el tema debe tener "una maduración social y una discusión social". Ignacio Maglio, jefe de Riesgo Médico-Legal del Hospital Muñiz e integrante del Comité de Etica de la Fundación Huésped, sostuvo que quitarle el respirador a Brian sería una medida para "proteger el mejor interés" del nene y "no con el fin de matar". Maglio consideró que, en algunas oportunidades, se debe "proteger el mejor interés del niño" para permitirle "morir con dignidad" y rechazó la instancia de "prolongar la vida" a través de la asistencia mecánica mediante "medidas desproporcionadas". El abogado, quien también es miembro del Consejo de Ética y Derechos Humanos para la Investigación Biomédica del Ministerio de Justicia, sostuvo que no es necesario acudir a la Justicia ante este tipo de casos. "Es una mala costumbre pedir una autorización judicial para prácticas médicas que no la requieren y, de esta manera, se terminan judicializando temas médicos". // Fuente Telam //
