(CORRIENTES, Gentileza) El secretario privado del gobernador Arturo Colombi fue trasladado detenido al Cuartel de Bomberos después de prestar declaración durante más de dos horas. Se unificaron las tres causas que tenía abiertas por distintos delitos que en su conjunto podrían costarle entre 2 y 26 años de prisión.
El secretario privado del gobernador Arturo Colombi, Diego Mosquera, fue detenido esta noche acusado de enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública, peculado de servicio y omisión maliciosa de sus declaraciones juradas, carátula que resume las tres causas que la justicia abrió en su contra en los últimos meses.
Mosquera quedó detenido después de declarar durante más de dos horas ante la juez de instrucción número 1 Norma Agrasso y ante los fiscales Buenaventura Duarte y Diego Núñez, y fue trasladado al cuartel de Bomberos donde quedará alojado.
Ayer había declarado su esposa, Verónica Brets también en carácter de imputada, y en el resto de la semana lo harán los funcionarios del Banco de Corrientes sospechados de haber fraguado los datos de las cuentas de Mosquera y su esposa en la entidad bancaria para favorecerlo.
La nueva carátula es en razón de la acumulación de las tres causas que tiene en su haber el joven funcionario oriundo de Goya: su enriquecimiento ilícito, el uso del avión sanitario oficial para ir de vacaciones y la entrega de pasajes sin cargo a Buenos Aires a las hijas de la periodista María Mercedes Vázquez pese a que aparecen ambas facturando cientos de miles de pesos mensualmente en concepto de publicidad oficial.
El Fiscal Buenaventura Duarte dijo ayer mientras la detención se consumaba, que esta era producto de la gravedad de la pena que puede recibir Mosquera por los delitos cometidos, de 2 a 26 años, y el temor a que se pueda dar a la fuga o entorpecer, ayudado de su cargo, la investigación judicial.
Corrientesnoticias.com intentó recabar el pensamiento de los principales referentes del Gobierno Provincial tras conocerse la detención. El silencio oficial fue absoluto, aunque por lo bajo allegados al gobernador Arturo Colombi reconocieron que tanto este como sus mas allegados estaban “destruidos con la noticia”.
“Ellos lo toman como una persecución, pero la realidad marca que Diego no hizo bien las cosas, se le fue la mano, y nos esta metiendo en problemas a todos” dijo el vocero quien se mostró preocupado por como este nuevo escándalo de corrupción podía afectar su candidatura, aunque su banca parezca estar asegurada.
A tal punto llegaba la preocupación de Arturo Colombi que anoche en la “Rosadita correntina” esperaban poder comunicarse con el vicepresidente Julio Cobos, a quien reportan políticamente, para pedir “una ayuda”, que podía consistir en una operación con los medios nacionales para que la noticia no trascendiera o un pedido de clemencia oficial para Mosquera.
Mientras algunos proponían salir públicamente a defender a Mosquera, otros hasta amenazaban con “hacer tronar el escarmiento” con los responsables de la detención de Mosquera, y otros, con Luis Costa Bonino a la cabeza, buscaban la forma de enderezar una campaña que en las últimas semanas perdió el rumbo.
La investigación contra Mosquera comenzó meses atrás, cuando inspectores de la Administración federal de Ingresos Públicos, AFIP, detectaron en el Banco de Corrientes SA dos cuentas de caja de ahorro; una a su nombre y la otra a nombre de su esposa Verónica Brest. Pese a que eran cuentas sueldos, en la primera había depositados $2.602.259 y $1.448.893 en la segunda.
La misma investigación detectó además que Mosquera había realizado gastos en el último año por una cifra superior al millón de pesos con tarjeta de débito y que había adquirido además de costosas propiedades, una de las cuales remodeló a un elevado precio para utilizarla de vivienda permanente, y vehículos importados también de un alto valor en el mercado.
En definitiva, ni los gastos, ni los depósitos se compadecían con los ingresos del matrimonio que, en conjunto no superan los 8.000 pesos. Esto originó una investigación judicial durante la cual los inspectores de la AFIP no sólo ratificaron sus dichos sino que además aportaron la documentación correspondiente.
La repuesta de Mosquera, del Gobierno de la provincia y del Frente de Todos en su conjunto fue que se trataba de una maniobra para perjudicar al gobernador Arturo Colombi, y para ello argumentaron que por un error de sistema se habían corrido las comas de las cifras reales que estaban depositadas, algo que de haber sido cierto hubiera afectado a muchas cuentas y no sólo a la de Mosquera y esposa comos e pretendió hacer aparecer.
Hasta el mismo presidente del Banco de Corrientes SA, Orlando Costaguta, se animó a poner la firma en un documento que ratificaba esa teoría y que fue presentado a la Justicia. Ese documento llevaría al banquillo de los acusados también a Costaguta, ya que posteriores auditorias del Banco Central determinaron que la información allí dada no era la correcta, que no era otra que la ofrecida por los inspectores de la AFIP:
Es que la auditoría del Banco Central, habría determinado que tras la denuncia de los inspectores de la AFIP, “alguien”, fuera del horario bancario y con una clave de la presidencia de la entidad crediticia provincial, ingreso a las cuentas a nombre del matrimonio Mosquera y las adulteró reduciendo las cifras allí depositadas.
La maniobra quedó grabada en los registros informáticos y eso fue detectado por los auditores del Banco Central que ya tiene en la mira no sólo a quien realizó el cambio, sino también al gerente de sistema de la entidad, Germán Abdala, y al directorio del Banco.
Para agregar más suspicacias al caso, el gerente general del Corrientes, Orlando Sosa, fue obligado a renunciar, aunque fue indemnizado con $500.000 y un sorpresivo viaje a los Estados Unidos.
La situación legal de Costaguta, principalmente, pero la de Sosa y Abdala también. Es sumamente complicada, ya que la investigación en su contra avanza y el escándalo, que amenaza con arrastrar a todo el Gobierno, se agiganta con ellos en los papeles protagónicos.
GENTILEZA: Daniel Caram - Corrientes Noticias.-
Mosquera quedó detenido después de declarar durante más de dos horas ante la juez de instrucción número 1 Norma Agrasso y ante los fiscales Buenaventura Duarte y Diego Núñez, y fue trasladado al cuartel de Bomberos donde quedará alojado.
Ayer había declarado su esposa, Verónica Brets también en carácter de imputada, y en el resto de la semana lo harán los funcionarios del Banco de Corrientes sospechados de haber fraguado los datos de las cuentas de Mosquera y su esposa en la entidad bancaria para favorecerlo.
La nueva carátula es en razón de la acumulación de las tres causas que tiene en su haber el joven funcionario oriundo de Goya: su enriquecimiento ilícito, el uso del avión sanitario oficial para ir de vacaciones y la entrega de pasajes sin cargo a Buenos Aires a las hijas de la periodista María Mercedes Vázquez pese a que aparecen ambas facturando cientos de miles de pesos mensualmente en concepto de publicidad oficial.
El Fiscal Buenaventura Duarte dijo ayer mientras la detención se consumaba, que esta era producto de la gravedad de la pena que puede recibir Mosquera por los delitos cometidos, de 2 a 26 años, y el temor a que se pueda dar a la fuga o entorpecer, ayudado de su cargo, la investigación judicial.
Corrientesnoticias.com intentó recabar el pensamiento de los principales referentes del Gobierno Provincial tras conocerse la detención. El silencio oficial fue absoluto, aunque por lo bajo allegados al gobernador Arturo Colombi reconocieron que tanto este como sus mas allegados estaban “destruidos con la noticia”.
“Ellos lo toman como una persecución, pero la realidad marca que Diego no hizo bien las cosas, se le fue la mano, y nos esta metiendo en problemas a todos” dijo el vocero quien se mostró preocupado por como este nuevo escándalo de corrupción podía afectar su candidatura, aunque su banca parezca estar asegurada.
A tal punto llegaba la preocupación de Arturo Colombi que anoche en la “Rosadita correntina” esperaban poder comunicarse con el vicepresidente Julio Cobos, a quien reportan políticamente, para pedir “una ayuda”, que podía consistir en una operación con los medios nacionales para que la noticia no trascendiera o un pedido de clemencia oficial para Mosquera.
Mientras algunos proponían salir públicamente a defender a Mosquera, otros hasta amenazaban con “hacer tronar el escarmiento” con los responsables de la detención de Mosquera, y otros, con Luis Costa Bonino a la cabeza, buscaban la forma de enderezar una campaña que en las últimas semanas perdió el rumbo.
La investigación contra Mosquera comenzó meses atrás, cuando inspectores de la Administración federal de Ingresos Públicos, AFIP, detectaron en el Banco de Corrientes SA dos cuentas de caja de ahorro; una a su nombre y la otra a nombre de su esposa Verónica Brest. Pese a que eran cuentas sueldos, en la primera había depositados $2.602.259 y $1.448.893 en la segunda.
La misma investigación detectó además que Mosquera había realizado gastos en el último año por una cifra superior al millón de pesos con tarjeta de débito y que había adquirido además de costosas propiedades, una de las cuales remodeló a un elevado precio para utilizarla de vivienda permanente, y vehículos importados también de un alto valor en el mercado.
En definitiva, ni los gastos, ni los depósitos se compadecían con los ingresos del matrimonio que, en conjunto no superan los 8.000 pesos. Esto originó una investigación judicial durante la cual los inspectores de la AFIP no sólo ratificaron sus dichos sino que además aportaron la documentación correspondiente.
La repuesta de Mosquera, del Gobierno de la provincia y del Frente de Todos en su conjunto fue que se trataba de una maniobra para perjudicar al gobernador Arturo Colombi, y para ello argumentaron que por un error de sistema se habían corrido las comas de las cifras reales que estaban depositadas, algo que de haber sido cierto hubiera afectado a muchas cuentas y no sólo a la de Mosquera y esposa comos e pretendió hacer aparecer.
Hasta el mismo presidente del Banco de Corrientes SA, Orlando Costaguta, se animó a poner la firma en un documento que ratificaba esa teoría y que fue presentado a la Justicia. Ese documento llevaría al banquillo de los acusados también a Costaguta, ya que posteriores auditorias del Banco Central determinaron que la información allí dada no era la correcta, que no era otra que la ofrecida por los inspectores de la AFIP:
Es que la auditoría del Banco Central, habría determinado que tras la denuncia de los inspectores de la AFIP, “alguien”, fuera del horario bancario y con una clave de la presidencia de la entidad crediticia provincial, ingreso a las cuentas a nombre del matrimonio Mosquera y las adulteró reduciendo las cifras allí depositadas.
La maniobra quedó grabada en los registros informáticos y eso fue detectado por los auditores del Banco Central que ya tiene en la mira no sólo a quien realizó el cambio, sino también al gerente de sistema de la entidad, Germán Abdala, y al directorio del Banco.
Para agregar más suspicacias al caso, el gerente general del Corrientes, Orlando Sosa, fue obligado a renunciar, aunque fue indemnizado con $500.000 y un sorpresivo viaje a los Estados Unidos.
La situación legal de Costaguta, principalmente, pero la de Sosa y Abdala también. Es sumamente complicada, ya que la investigación en su contra avanza y el escándalo, que amenaza con arrastrar a todo el Gobierno, se agiganta con ellos en los papeles protagónicos.
GENTILEZA: Daniel Caram - Corrientes Noticias.-
