La Cámara de Senadores convirtió esta tarde en Ley por mayoría absoluta la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo de Reforma Política que establece la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales.
El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 24 en contra, gracias al apoyo que recibió la iniciativa del bloque del Frente para la Victoria y de sus aliados: el Movimiento Popular Neuquino y los senadores del bloque Por Tierra del Fuego, ex ARI.
El oficialismo necesitaba de al menos 37 votos positivos para aprobar la norma que modificaba la Ley Electoral que, según la Constitución, para ser reformada necesita del apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
La norma enviada por el Ejecutivo y que recibió modificaciones en Diputados, establece que el voto en las elecciones primarias será obligatorio en tanto que se podrá emitir un voto para una sola agrupación política.
La reforma también elimina a las listas "colectoras" y a las denominadas "espejo"; establece que se votará con el mismo padrón que se utiliza en la elección general; y remarca que de las elecciones generales sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos requeridos.
Por otra parte, el requisito para ser reconocido como un partido político es tener el 4 por mil de afiliados de acuerdo con el padrón electoral.
Además, agrupaciones que no alcancen el 2 por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda perderán su personería.
La elección primaria se realizará el segundo domingo de agosto del año que se realice el comicio general, cuya fecha de realización seguirá siendo la del cuarto domingo de octubre puesto que la reforma introducida este año para adelantar las legislativas al 28 de junio sólo fue válida por esa única vez.
Por otra parte, los fondos correspondientes al aporte de campañas se distribuirán de la siguiente manera: el 50 por ciento del monto asignado por el Presupuesto en forma igual a las listas y el otro 50 entre los 24 distritos, en proporción al total de electores.
El proyecto también reduce a 8 días la prohibición para publicar los resultados de encuestas y a 15 la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas o promoción de planes y proyectos de alcance colectivo y otro acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos.
Al cerrar el debate, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, remarcó que la norma "es un avance importante porque elimina el sistema de las colectoras", y ponderó "el planteo del sistema de financiamiento electoral" al recordar que el diputado Francisco De Narváez "con los grandes recursos que posee hizo campaña un año antes del proceso electoral".
"Este proyecto plantea la consolidación de los grandes partidos políticos nacionales. Y no nos ponemos colorados cuando lo decimos, porque son partidos organizados. Y no esos sellitos o estructuras u organizaciones que se juntan sólo para los procesos electorales", expresó Pichetto.
Antes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, pronosticó que la reforma política dará una "fuerte solidez a los partidos políticos" y cuestionó a sectores "oscuros" de la sociedad que "trabajaron mucho tiempo para tener una representación partidaria débil".
"Hay sectores de los medios de comunicación y grupos oscuros de la sociedad que arrinconan a la opinión pública", reflexionó Fernández, al abrir el debate.
El flamante presidente del bloque radical, Gerardo Morales, consideró que "es de una gran irresponsabilidad que el gobierno avance con este proyecto" que, en su opinión, "no tiene consenso, ni del Acuerdo Cívico y Social ni de Unión Pro; pero tampoco del Proyecto Sur o de la izquierda".
El cordobés Carlos Rossi, del Partido Nuevo, afirmó que "a pesar de todo lo que vimos, este proyecto tampoco resuelve el problema del transfuguismo", y llamó la atención de que no incluye el voto electrónico por lo que dijo que iba a "continuar el robo de boletas en el cuarto oscuro".
El socialista Rubén Giustiniani opinó que "además de al candidato del oficialismo al 2011, esta reforma electoral no beneficia a nadie", luego afirmó que "el gobierno adelantó las elecciones, puso a sus máximos candidatos, manejó desde Olivos a todo el aparato y perdió contra una propaganda de televisión, con todo respeto" y sentenció: "aunque tengan el referí a favor, cuando viene la ola es imparable".
El oficialismo necesitaba de al menos 37 votos positivos para aprobar la norma que modificaba la Ley Electoral que, según la Constitución, para ser reformada necesita del apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
La norma enviada por el Ejecutivo y que recibió modificaciones en Diputados, establece que el voto en las elecciones primarias será obligatorio en tanto que se podrá emitir un voto para una sola agrupación política.
La reforma también elimina a las listas "colectoras" y a las denominadas "espejo"; establece que se votará con el mismo padrón que se utiliza en la elección general; y remarca que de las elecciones generales sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos requeridos.
Por otra parte, el requisito para ser reconocido como un partido político es tener el 4 por mil de afiliados de acuerdo con el padrón electoral.
Además, agrupaciones que no alcancen el 2 por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda perderán su personería.
La elección primaria se realizará el segundo domingo de agosto del año que se realice el comicio general, cuya fecha de realización seguirá siendo la del cuarto domingo de octubre puesto que la reforma introducida este año para adelantar las legislativas al 28 de junio sólo fue válida por esa única vez.
Por otra parte, los fondos correspondientes al aporte de campañas se distribuirán de la siguiente manera: el 50 por ciento del monto asignado por el Presupuesto en forma igual a las listas y el otro 50 entre los 24 distritos, en proporción al total de electores.
El proyecto también reduce a 8 días la prohibición para publicar los resultados de encuestas y a 15 la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas o promoción de planes y proyectos de alcance colectivo y otro acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos.
Al cerrar el debate, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, remarcó que la norma "es un avance importante porque elimina el sistema de las colectoras", y ponderó "el planteo del sistema de financiamiento electoral" al recordar que el diputado Francisco De Narváez "con los grandes recursos que posee hizo campaña un año antes del proceso electoral".
"Este proyecto plantea la consolidación de los grandes partidos políticos nacionales. Y no nos ponemos colorados cuando lo decimos, porque son partidos organizados. Y no esos sellitos o estructuras u organizaciones que se juntan sólo para los procesos electorales", expresó Pichetto.
Antes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, pronosticó que la reforma política dará una "fuerte solidez a los partidos políticos" y cuestionó a sectores "oscuros" de la sociedad que "trabajaron mucho tiempo para tener una representación partidaria débil".
"Hay sectores de los medios de comunicación y grupos oscuros de la sociedad que arrinconan a la opinión pública", reflexionó Fernández, al abrir el debate.
El flamante presidente del bloque radical, Gerardo Morales, consideró que "es de una gran irresponsabilidad que el gobierno avance con este proyecto" que, en su opinión, "no tiene consenso, ni del Acuerdo Cívico y Social ni de Unión Pro; pero tampoco del Proyecto Sur o de la izquierda".
El cordobés Carlos Rossi, del Partido Nuevo, afirmó que "a pesar de todo lo que vimos, este proyecto tampoco resuelve el problema del transfuguismo", y llamó la atención de que no incluye el voto electrónico por lo que dijo que iba a "continuar el robo de boletas en el cuarto oscuro".
El socialista Rubén Giustiniani opinó que "además de al candidato del oficialismo al 2011, esta reforma electoral no beneficia a nadie", luego afirmó que "el gobierno adelantó las elecciones, puso a sus máximos candidatos, manejó desde Olivos a todo el aparato y perdió contra una propaganda de televisión, con todo respeto" y sentenció: "aunque tengan el referí a favor, cuando viene la ola es imparable".
