La Fiscalía General de la Provincia hizo lugar a una presentación de la Democracia Progresista en la que pedía se respete la ley que obliga a elecciones provinciales en el mes de octubre, cuando el Gobierno fijó la covocatoria el 30 de septiembre. Será el Superior Tribunal quien tome la decisión final.
Se trata de un dictamen emitido ayer martes y que deja abierta la posibilidad de la ubicación de las urnas para elegir diputados y senadores provinciales el primer domingo de octubre, tal como lo indica la Ley 5163, sancionada por la Legislatura en 1997. Según confirmaron a El Litoral altas fuentes tribunalicias, la Fiscalía General dictaminó a favor de un pedido de amparo presentado por el Partido Demócrata Progresista (PDP), a fin de que se respete la fecha señalada en la ley provincial 5163, del 16 de mayo de 1997, cuya vigencia fue discutida por la justicia ordinaria. La jueza electoral María Herminia Puig había considerado extemporánea su vigencia, por lo cual el apoderado del PDP, Miguel Gaviña Naón recurrió a la instancia de máxima, el Superior Tribunal de Justicia. Ahora, si existe una habilitación de días y horas inhábiles, el sábado podrían dictaminar al respecto los ministros del máximo estrado, o bien el lunes, según deslizaron fuentes judiciales consultadas por este diario. La opinión expresada por el fiscal general, cuyos términos no trascendieron, aun no habría llegado a los escritorios del Superior Tribunal de Justicia, con lo cual se mantiene firme el decreto de convocatoria a elecciones para el 30 de septiembre. Fuente: Momarandú.com
