El Senado aprobó y convirtió en ley una reforma al Código Electoral que permite la emisión del voto con soporte tarjeta, en lugar del DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento, que igual seguirán vigentes.
La iniciativa logró 41 votos a favor y 22 en contra, y fue respaldada por el bloque del Frente para la Victoria y sus aliados, mientras que votaron en contra el radicalismo, el justicialismo disidente, el FAP y la Coalición Cívica.
Según la Constitución Nacional, la norma debía ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara o sea 37 votos.
El proyecto establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año pasado.
El texto establece, entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quienes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al de la elección.
El infractor que no haya pagado la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales”.
Asimismo, la iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del voto al día siguiente de la elección, “serán sancionados con una suspensión de hasta 6 meses”, mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía.
El proyecto fue defendido por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, quien dijo que se busca “facilitarle la vida a los argentinos”.
“Esta es una norma sencilla que sólo trae la mejora de un sistema”, aseguró Fuentes y fustigó “los cuestionamientos que se hicieron en torno a esta presunta `persecución`”.
El senador bonaerense Aníbal Fernández dijo que “lo que estamos definiendo es algo nuevo en el marco de seguir creciendo” y sentenció que “es un verso que digan que se roban las boletas”.
“¿Cómo se le roba una boleta si cada cuatro votos están revisando el cuarto oscuro?”, preguntó Fernández.
Además, el senador bonaerense dijo que “esta libreta (por el DNI) no sirve para nada, nunca sirvió para nada”, y subrayó que “cuando las críticas lesionan al poder formal lo que se conseguía siempre era mellar, romper, para que sea los que no tienen la responsabilidad de representantes de la voluntad popular que tomen decisiones por nosotros”.
En cambio, el titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, dijo que “si esto no se veta o el oficialismo no rechaza el artículo (que impone castigos por no votar) esto es un apriete”.
“Se está discriminando y castigando a los trabajadores del Estado”, afirmó.
El senador chubutense Mario Cimadevilla dijo que no compartía “esta sanción al empleado público que no vaya a votar” y agregó que “no se puede castigarlo de manera distinta que a los demás”.
El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, consideró que “es grave que a esta reforma la vote solamente el partido del gobierno” y preguntó: “¿para qué se gastaron mil millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”.
Según la Constitución Nacional, la norma debía ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara o sea 37 votos.
El proyecto establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año pasado.
El texto establece, entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quienes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al de la elección.
El infractor que no haya pagado la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales”.
Asimismo, la iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del voto al día siguiente de la elección, “serán sancionados con una suspensión de hasta 6 meses”, mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía.
El proyecto fue defendido por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, quien dijo que se busca “facilitarle la vida a los argentinos”.
“Esta es una norma sencilla que sólo trae la mejora de un sistema”, aseguró Fuentes y fustigó “los cuestionamientos que se hicieron en torno a esta presunta `persecución`”.
El senador bonaerense Aníbal Fernández dijo que “lo que estamos definiendo es algo nuevo en el marco de seguir creciendo” y sentenció que “es un verso que digan que se roban las boletas”.
“¿Cómo se le roba una boleta si cada cuatro votos están revisando el cuarto oscuro?”, preguntó Fernández.
Además, el senador bonaerense dijo que “esta libreta (por el DNI) no sirve para nada, nunca sirvió para nada”, y subrayó que “cuando las críticas lesionan al poder formal lo que se conseguía siempre era mellar, romper, para que sea los que no tienen la responsabilidad de representantes de la voluntad popular que tomen decisiones por nosotros”.
En cambio, el titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, dijo que “si esto no se veta o el oficialismo no rechaza el artículo (que impone castigos por no votar) esto es un apriete”.
“Se está discriminando y castigando a los trabajadores del Estado”, afirmó.
El senador chubutense Mario Cimadevilla dijo que no compartía “esta sanción al empleado público que no vaya a votar” y agregó que “no se puede castigarlo de manera distinta que a los demás”.
El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, consideró que “es grave que a esta reforma la vote solamente el partido del gobierno” y preguntó: “¿para qué se gastaron mil millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”.
