Las mismas son gestionadas en forma gratuita por la Municipalidad de la ciudad de Saladas, a través de la Delegada de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a cargo de la Señora Laura Martínez.
Estas políticas de inclusión llegan a Saladas por razón de un convenio celebrado por el Intendente Doctor Daniel Alterats y la Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- Presidencia de la Nación.
En este marco, el jueves 21 de junio, la Señora Laura Martínez procedió a entregar 41 nuevas pensiones que tienen como beneficiarios a madres de 7 hijos y Personas con una discapacidad laboral del 76%, estos beneficios son otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Presidencia de la Nación.
La inversión social como instrumento central de la estrategia de crecimiento con inclusión
En un mundo convulsionado por una crisis financiera y del modelo de acumulación neoliberal que pareciera no tener fin, nos es dable la necesidad de plantear el debate –solo a los efectos de ponerle fin de una vez y para siempre-, de Gasto Social Vs. Inversión Social.
Y en esto la República Argentina quiere dejar sentada claramente una posición. Siempre que se vea en la Inversión Social a un Gasto, este será pasible de ser recortado como medida de ajuste ante situaciones de apremio económico de un país. Y estas medidas, nuestra triste historia reciente hasta el 2003 nos permite hablar con cierta autoridad en la materia, no es más que transferir las peores consecuencias de las crisis coyunturales de la economía globalizada a los únicos que no pueden hacer nada para defenderse de aquellas. Y esta medida, lo sabe nuestro país, y pronto lo sabrán (sin ánimo de plantear una profecía) aquellos Estados que, protegiendo su sistema financiero y al capital transnacional, recortan las prestaciones sociales y los estímulos a la producción (la economía real), en una lógica de reducir “gastos”.
Por ello, el “gasto social” no es gasto, sino “Inversión Social”, ya que los gastos son pasibles de recorte, la inversión no.
Por ello, en nuestro país, el objetivo de inversión en el área social constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión de gobierno que sostiene y acompaña el crecimiento económico permitiendo incrementar los niveles de transformación que se están logrando desde el comienzo de la recuperación de la inversión, como política de estado desde el año 2003.
La inversión que realiza el Sector Público reviste particular importancia dado que coadyuva a un conjunto de prestaciones indispensables para el desarrollo de las distintas actividades productivas y para el bienestar general, en especial a la referida a la infraestructura básica de servicios.
Se prevé en el Presupuesto Nacional 2012, un incremento presupuestario del 17.1% para la función Promoción y Asistencia Social
La Inversión en Servicios Sociales totales previstas para el año 2012 asciende a más de 70.000 millones de Dólares estadounidenses, lo que constituye un 60% del Presupuesto Nacional total para el año 2012 y un 20.6% más que el año anterior.
Esta inversión como lo demuestra el monto, constituye una auténtica prioridad para el Estado Nacional, ya que está llamado a dar respuesta a la necesidad de incrementar la inclusión y equidad socioeconómica de la población y atender las responsabilidades indelegables del Estado.
En este marco, el jueves 21 de junio, la Señora Laura Martínez procedió a entregar 41 nuevas pensiones que tienen como beneficiarios a madres de 7 hijos y Personas con una discapacidad laboral del 76%, estos beneficios son otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Presidencia de la Nación.
La inversión social como instrumento central de la estrategia de crecimiento con inclusión
En un mundo convulsionado por una crisis financiera y del modelo de acumulación neoliberal que pareciera no tener fin, nos es dable la necesidad de plantear el debate –solo a los efectos de ponerle fin de una vez y para siempre-, de Gasto Social Vs. Inversión Social.
Y en esto la República Argentina quiere dejar sentada claramente una posición. Siempre que se vea en la Inversión Social a un Gasto, este será pasible de ser recortado como medida de ajuste ante situaciones de apremio económico de un país. Y estas medidas, nuestra triste historia reciente hasta el 2003 nos permite hablar con cierta autoridad en la materia, no es más que transferir las peores consecuencias de las crisis coyunturales de la economía globalizada a los únicos que no pueden hacer nada para defenderse de aquellas. Y esta medida, lo sabe nuestro país, y pronto lo sabrán (sin ánimo de plantear una profecía) aquellos Estados que, protegiendo su sistema financiero y al capital transnacional, recortan las prestaciones sociales y los estímulos a la producción (la economía real), en una lógica de reducir “gastos”.
Por ello, el “gasto social” no es gasto, sino “Inversión Social”, ya que los gastos son pasibles de recorte, la inversión no.
Por ello, en nuestro país, el objetivo de inversión en el área social constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión de gobierno que sostiene y acompaña el crecimiento económico permitiendo incrementar los niveles de transformación que se están logrando desde el comienzo de la recuperación de la inversión, como política de estado desde el año 2003.
La inversión que realiza el Sector Público reviste particular importancia dado que coadyuva a un conjunto de prestaciones indispensables para el desarrollo de las distintas actividades productivas y para el bienestar general, en especial a la referida a la infraestructura básica de servicios.
Se prevé en el Presupuesto Nacional 2012, un incremento presupuestario del 17.1% para la función Promoción y Asistencia Social
La Inversión en Servicios Sociales totales previstas para el año 2012 asciende a más de 70.000 millones de Dólares estadounidenses, lo que constituye un 60% del Presupuesto Nacional total para el año 2012 y un 20.6% más que el año anterior.
Esta inversión como lo demuestra el monto, constituye una auténtica prioridad para el Estado Nacional, ya que está llamado a dar respuesta a la necesidad de incrementar la inclusión y equidad socioeconómica de la población y atender las responsabilidades indelegables del Estado.
