Diputados sancionó la iniciativa por 133 votos a favor contra 34 votos negativos. La nueva ley, que extiende de 10 a 13 años la escolaridad obligatoria y que establece el retorno a la antigua división en primaria y secundaria, fue sancionada durante doce horas. La semana pasada había sido aprobada por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó esta noche en general la nueva ley de Educación Nacional, que extiende de 10 a 13 años la escolaridad obligatoria y unifica el sistema educativo nacional, entre otras modificaciones. La iniciativa fue sancionada por el Senado la semana pasada y convertida hoy en ley en la cámara baja por 133 votos a favor contra 34 votos negativos. Tras la votación en general, los diputados comenzaban a debatir los 144 artículos del texto, en una extensa sesión que se inició cerca del mediodía y se prolongará hasta la madrugada. Con la sanción de esta norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, se busca eliminar buena parte de las reformas introducidas en la ley Federal de Educación dictada en 1995, la cual introdujo, entre otros cambios la división de la educación primaria y secundaria. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo pero fue rechazada por el radicalismo, el ARI, el socialismo y Propuesta Federal, que presentaron dictámenes de minoría para oponerse a la norma. A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde la norma fue aprobada con un amplio respaldo de la mayoría de los bloques, la bancada radical de la Cámara de Diputados optó por rechazar la iniciativa. El debate fue presenciado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, que siguió las alternativas de la discusión desde uno de los palcos del recinto de la cámara baja, al igual que el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y dirigentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) que respaldan la norma. Se trata de una iniciativa que apunta a unificar la estructura del sistema en todo el país con el retorno de la división tradicional entre primaria y secundaria y amplía de 10 a 13 años la educación obligatoria. Desde el oficialismo, la diputada por Entre Ríos Blanca Osuna, titular de la comisión de Educación, recordó que el proyecto fue producto de un intenso debate y puso de relieve que con esta norma "estamos frente a la oportunidad de fortalecer un entramado nuevo que tenga la fuerza de nuestras tradiciones". Las principales objeciones a la ley planteadas por la oposición estuvieron vinculadas a la eventual vulneración de las autonomías provinciales y el obstáculo que podría representar para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo en algunas provincias o regiones. En esa línea, desde el radicalismo, Olinda Montenegro, sostuvo que la iniciativa impulsada por el gobierno nacional "enmascara la ley Federal de Educación. Aquella era más coherente, porque respondía a una ideología neoliberal, acá hay confusiones, repeticiones, errores de toda índole". También, y en un enfervorizado discurso, la arista Elisa Carrió rechazó el proyecto al afirmar que "es imposible hablar de una ley sin ingreso para la niñez" aunque ponderó que se haya decidido avanzar sobre la ley federal de educación del menemismo. Por otro lado, el ex rector de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba, y diputado del juecismo, el cordobés Francisco Delich, anticipó su apoyo, al destacar que la norma se constituye en "uno de los primeros atisbos de la nueva sociedad argentina, la de un modelo de desarrollo científico tecnológico". Asimismo, desde el Peronismo Federal, Oscar Di Landro, respaldó la norma y destacó la definición incluida en el proyecto que califica a la educación como prioridad nacional, al sostener que "pasa a ser el eje de las políticas estatales, se reafirma la soberanía y se rescata la identidad nacional". De acuerdo al proyecto, la educación será obligatoria desde los 5 años hasta el fin del secundario, en tanto que el Estado deberá garantizar la sala de 4 para las familias que la requieran. Establece además un aumento de la inversión pública en materia educativa hasta alcanzar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010, contemplados en la ley de financiamiento educativo aprobada meses atrás por el Congreso.
