El Defensor del Pueblo de Corrientes rubricó una resolución mediante la cual le solicita a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) que informe si existe “norma o disposición que avale el incremento del concepto "cargo fijo".
El Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, rubricó una resolución mediante la cual le solicita a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) que informe si existe norma o disposición que avale el incremento del concepto "cargo fijo".
El aumento fue aplicado a las facturas del primer bimestre de este año y que, en tal caso, “revea y suspenda su aplicación, hasta tanto se conozca la metodología aplicada y se considere una resolución racional”.
En la misma resolución, el defensor también requiere que en caso de existir tal norma “se remita una copia certificada a la defensoría”, y que informe además si “el cuadro que lleva el título Tarifas remesas 2, 3 y 4 del primer bimestre 2015, es el que se halla vigente en la actualidad”.
Alegre explicó que esta medida surgió a partir de los “reiterados reclamos que viene recibiendo la defensoría por este tema, de parte de usuarios de esta capital y de interior provincial que consideraron desproporcionadas las subas registradas en la última facturación del consumo energético, específicamente en el mencionado concepto de cargo fijo”.
En la resolución se explica que “por definición, el cargo fijo como su nombre lo indica y como se aplica históricamente, es un monto fijo vale decir, no variable” con lo cual su modificación “debería revisarse” y más aún cuando “no se conoce la norma y/o fundamentos que lo sustentan, lo que podría convertirlo en arbitrario”.
Por otra parte, el defensor después de mucho analizar el tema, indicó que el cargo fijo “es un concepto que contribuye a solventar los gastos por mantenimiento del sistema y por lo tanto, debe ser fijo y no puede estar ceñido a si el usuario consume más energía porque eso implicaría cambiar la naturaleza del concepto. Las subas por mayor consumo es otro punto que se analiza a través del costo del kilowatt” explicó.
Finalmente, el defensor recordó que “la energía es considerado un servicio público esencial, relevado a la categoría de derecho humano, y al modificar sus costos se debe analizar si no se estarían vulnerando leyes vigentes”.
No obstante advierte por último Alegre que “todo lo dicho no se opone en modo alguno a la actualización racional de la tarifa si correspondiere, sino que se trata de exigir que se realice el previo análisis de costos y demás variables ajustados a la ley y normas vigentes en la materia”.
El aumento fue aplicado a las facturas del primer bimestre de este año y que, en tal caso, “revea y suspenda su aplicación, hasta tanto se conozca la metodología aplicada y se considere una resolución racional”.
En la misma resolución, el defensor también requiere que en caso de existir tal norma “se remita una copia certificada a la defensoría”, y que informe además si “el cuadro que lleva el título Tarifas remesas 2, 3 y 4 del primer bimestre 2015, es el que se halla vigente en la actualidad”.
Alegre explicó que esta medida surgió a partir de los “reiterados reclamos que viene recibiendo la defensoría por este tema, de parte de usuarios de esta capital y de interior provincial que consideraron desproporcionadas las subas registradas en la última facturación del consumo energético, específicamente en el mencionado concepto de cargo fijo”.
En la resolución se explica que “por definición, el cargo fijo como su nombre lo indica y como se aplica históricamente, es un monto fijo vale decir, no variable” con lo cual su modificación “debería revisarse” y más aún cuando “no se conoce la norma y/o fundamentos que lo sustentan, lo que podría convertirlo en arbitrario”.
Por otra parte, el defensor después de mucho analizar el tema, indicó que el cargo fijo “es un concepto que contribuye a solventar los gastos por mantenimiento del sistema y por lo tanto, debe ser fijo y no puede estar ceñido a si el usuario consume más energía porque eso implicaría cambiar la naturaleza del concepto. Las subas por mayor consumo es otro punto que se analiza a través del costo del kilowatt” explicó.
Finalmente, el defensor recordó que “la energía es considerado un servicio público esencial, relevado a la categoría de derecho humano, y al modificar sus costos se debe analizar si no se estarían vulnerando leyes vigentes”.
No obstante advierte por último Alegre que “todo lo dicho no se opone en modo alguno a la actualización racional de la tarifa si correspondiere, sino que se trata de exigir que se realice el previo análisis de costos y demás variables ajustados a la ley y normas vigentes en la materia”.
