La reciente aprobación por parte de los concejales de Eco+Vamos Corrientes de un convenio para la instalación de un radar con foto multa en la ruta nacional 118 ha desatado una ola de críticas en la comunidad. Fabio Moreira, concejal del Frente de Todos, cuestiona la falta de transparencia y la rapidez con la que se aprobó este convenio impulsado por la gestión del intendente Noel Gómez. El convenio estipula un reparto de multas del 60% para la empresa y 40% para la gestión municipal, mientras persisten dudas sobre el cumplimiento de normativas y homologaciones.
En una decisión que ha generado un amplio rechazo en la comunidad, los concejales de Eco+Vamos Corrientes, bajo la dirección de la gestión del intendente Noel Gómez, aprobaron un polémico convenio para la instalación de un radar con foto multa en la ruta nacional 118. Aunque esta medida ha sido presentada como un esfuerzo por mejorar la seguridad vial, muchos, incluidos representantes del Frente de Todos, han expresado serias dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta iniciativa.
Fabio Moreira, concejal del Frente de Todos, ha sido uno de los más críticos respecto al convenio, señalando que la rapidez con la que se aprobó y la falta de información precisa sobre la ubicación del radar son indicativos de un interés prioritario en la recaudación de fondos, más que en la protección de los ciudadanos. "Este convenio, que se ha manejado con tanta celeridad, estipula que el 60% de las multas recaudadas irán a la empresa encargada de la instalación y el 40% a la gestión municipal. Es evidente que este acuerdo tiene un claro fin recaudatorio, y la falta de transparencia en su ejecución solo refuerza esa percepción", afirmó Moreira.
Además, el convenio firmado tiene una duración de cuatro años, un período considerable que podría impactar fuertemente en la economía de los conductores locales y visitantes. "La comunidad ya ha expresado su rechazo a esta medida. La falta de empatía por parte de la gestión de Noel Gómez es evidente, especialmente cuando se considera que este radar podría convertirse en una trampa recaudatoria más que en un recurso para salvar vidas", agregó el concejal.
La controversia se intensifica cuando se considera la falta de claridad respecto al cumplimiento de las normativas necesarias para la instalación de estos radares. En caso de tratarse de radares móviles, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) demanda estadísticas precisas sobre los tramos de velocidad y los índices de siniestralidad. "¿Contamos con estas estadísticas?", se pregunta Moreira, quien destaca la ausencia de datos concretos que justifiquen la ubicación específica de estos dispositivos.
Asimismo, la normativa establece que para la instalación de radares fijos es necesaria la participación de Vialidad Nacional y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes deben verificar que los dispositivos cumplan con los requisitos técnicos apropiados. Sin embargo, no se ha brindado información clara sobre si el convenio firmado para la instalación de estos radares en Saladas cumple con todos los requisitos de homologación exigidos por las autoridades competentes. "Esto es crucial, ya que la ANSV ha identificado en numerosas auditorías la existencia de radares no homologados o que no cumplen con las normativas, lo que genera infracciones ilegítimas y una mayor desconfianza entre los ciudadanos", advirtió Moreira.
El edil también cuestionó la falta de avances en otras iniciativas de seguridad vial, como la adhesión a la Ley Nacional 27.714 de alcohol cero al volante, que podría tener un impacto mucho más significativo en la prevención de accidentes. "Es llamativo que la gestión de Noel Gómez avance tan rápidamente en este convenio, pero no muestre la misma urgencia para implementar medidas que realmente podrían salvar vidas, como la prohibición del alcohol al volante", destacó.
En conclusión, la aprobación del convenio para la instalación del radar en la ruta 118 no solo ha generado una reacción negativa en la comunidad, sino que también ha puesto en duda la verdadera intención de la gestión municipal. La percepción de que se trata de una medida recaudatoria, combinada con la falta de transparencia, el cumplimiento de normativas y empatía, sugiere que este proyecto podría enfrentar una fuerte oposición en los próximos meses.
