En menos de 15 días, más de 3.000 familias de toda la provincia de Corrientes se adherieron al reclamo judicial contra la Dirección Provincial de Energía (DPEC) y el Gobierno de Gustavo Valdés.
Mediante la acción judicial, la gente exigirá una tarifa eléctrica justa y transparente ante las facturas imparables.
La demanda será presentada en los primeros días de febrero por un equipo de abogados voluntarios liderados por el correntino Juan Manuel Cubilla Podestá.
Desde La Corriente, el movimiento ciudadano que impulsa esta acción legal, destacaron la masiva respuesta de los usuarios afectados, quienes denuncian que los aumentos desproporcionados en las tarifas eléctricas resultan impagables para familias, comerciantes y productores locales.
“La gente no aguanta más, los cortes de luz por falta de pago se multiplican y el gobierno provincial, lejos de dar una respuesta, agrava la situación con un aumento local que se suma al tarifazo nacional impulsado por el presidente Javier Milei”, señalaron desde la organización.
A diferencia de Corrientes, provincias vecinas como Chaco y Formosa optaron por acompañar a sus ciudadanos, subsidiando y sosteniendo los precios de la energía para amortiguar el impacto del ajuste nacional.
“Mientras otras provincias protegen a sus habitantes, en Corrientes el gobierno de Valdés demuestra una insensibilidad absoluta y deja que la DPEC aplaste con tarifas impagables a miles de hogares y negocios”, enfatizó Cubilla Podestá.
El reclamo judicial, que será presentado en los tribunales provinciales, busca que la justicia intervenga con medidas urgentes para frenar los aumentos y evitar que más familias queden sin suministro eléctrico. Desde La Corriente recordaron que la adhesión al reclamo es gratuita y los abogados que llevan adelante la demanda han decidido donar sus honorarios para garantizar que ningún usuario quede fuera de la acción colectiva.
“Cada día se enganchan más vecinos y vecinas que entienden que es hora de decir basta. Estamos en la recta final y la presentación judicial se hará en los primeros días de febrero. Todavía hay tiempo de sumarse, pero hay que actuar rápido”, señaló el abogado Cubilla Podestá.
Los interesados en sumarse pueden acercarse a los puntos habilitados en toda la provincia o contactar a los voluntarios del movimiento. “Esta lucha es de todos, porque la energía es un derecho, no una mercancía”, concluyeron.
En más de 40 localidades de toda la provincia, un centenar de voluntarios se encargaron de enganchar a los vecinos y vecinas al reclamo con la firma de un poder para que los abogados Cubilla Podestá y Camafreyta presenten el amparo los primeros días de febrero.
El grueso del aumento todavía no golpeó a los usuarios, pues se prevé que impacte en el mes de marzo de 2025, cuando los altos consumos de enero por la ola de calor reinante se facturen con las tarifas dispuestas por Valdés y Alfredo Aún.
