El gobernador Arturo Colombi hizo uso de sus atribuciones constitucionales para dictar decretos de necesidad y urgencia para, a la espera de la ley de homologación definitiva, respaldar con una norma provincial el Programa de Asistencia Financiera 2008 a fin de apuntalar las gestiones del Ministerio de Hacienda en busca de los primeros desembolsos de ese acuerdo en lo que resta de 2008, lo que permitiría incluso el pago de una asignación especial por única vez con motivo de las fiestas de fin de año.
Antes de partir hacia Brasil, donde participará mañana de una cumbre del MERCOSUR, el gobernador explicó que “decidimos avanzar con el decreto por el factor tiempo, para ver si podemos apurar las primeras remesas antes de que finalice 2008”, a lo que suman los argumentos de los considerandos de la norma dictada por el Ejecutivo: garantizar la paz y el orden público y dar cumplimiento a los compromisos asumidos, agotando todas las instancias administrativas en defensa de los intereses provinciales.
Así, el gobernador Colombi, en acuerdo general de ministros, homologó el viernes último el Convenio de Asistencia Financiera rubricando para ello un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Se trata de una norma excepcional para sustentar el cumplimiento de los acuerdos del mismo carácter que, al no verificarse hasta la fecha, ponen en peligro nada menos que el equilibrio financiero de la Provincia.
El decreto en cuestión, N° 2761/08, girado ya a ambas cámaras de la Legislatura de la Provincia y publicado en el Boletín Oficial, aprueba en todos sus términos el llamado Programa de Asistencia Financiera (PAF) en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
La normativa, que para entrar en vigencia deberá ser aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional, constituye una gestión alternativa del Estado para poder atender sus demandas internas si es que el Poder Legislativo no lo entiende de ese modo por sus tiempos y vaivenes políticos.
Hasta el momento, el acuerdo firmado el 27 de noviembre por el gobernador Arturo Colombi y la presidenta Cristina Fernández, no consiguió aval legislativo.
Este hecho retrasa el reintegro fondos sin los cuales será imposible equilibrar el presupuesto y hacer frente a los incentivos que el Gobierno acostumbra a otorgar a su planta de trabajadores en cada final de ejercicio.
Fue así que el gobernador diseñó, asesorado por su gabinete económico, encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Tressens, una solución en un marco de seguridad y estabilidad institucional.
En este contexto, el Decreto N° 2.761/08, de Necesidad y Urgencia, intenta agotar las gestiones administrativas para destrabar el envío de los 232 millones de pesos que ingresaron a la famosa reprogramación; sin olvidar, además, que el Gobierno de la Nación impuso condiciones de pago sin especificar cronograma alguno, lo que torna todavía más imprevisible el cumplimiento de las previsiones locales.
No obstante ello, tanto el gobernador Colombi como el ministro Tressens, aseguraron el otorgamiento de un incentivo de fin de año no bien ingrese al Tesoro Provincial, al menos la primera cuota del plan de pago comprometido por la Nación en lo que queda del mes de diciembre.
El Gobierno todo entiende y comparte las urgencias de los trabajadores de la administración y por ello, sin menospreciar su rol y mucho menos descartar el acompañamiento futuro de la Legislatura, se vio en la obligación de utilizar el salvoconducto del decreto.
Se basó para ello en antecedentes presidenciales que, ante el supuesto de una necesidad extrema y con el fin de velar por el concreto aseguramiento de la paz y el orden social en materia financiera y económica, adoptó medidas impostergables con soporte implícito en la carta fundamental, a pesar de que estas decisiones irrumpían competencias legislativas.
Con tal fundamento necesario, la normativa “autoriza al Estado Provincial a contraer endeudamiento y la afectación de la participación provincial en el Régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación – Provincias sobre la relación financiera y bases del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley N° 25.570, por hasta el monto total del préstamo con más sus intereses y gastos y para la plena ejecución del convenio”.
El decreto fue refrendado en acuerdo general por los ministros Sergio Tressens, de Hacienda y Finanzas; Walter Insaurralde, de Gobierno y Justicia; María Virginia Almará, de Educación y Cultura; Adolfo Schneider, de Salud; Alfredo Aun, de la Producción; Marcelo Falcione, de Obras Públicas; y Carlos Fagúndez, de la Secretaría General; y publicado el viernes 12 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes.
Así, el gobernador Colombi, en acuerdo general de ministros, homologó el viernes último el Convenio de Asistencia Financiera rubricando para ello un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Se trata de una norma excepcional para sustentar el cumplimiento de los acuerdos del mismo carácter que, al no verificarse hasta la fecha, ponen en peligro nada menos que el equilibrio financiero de la Provincia.
El decreto en cuestión, N° 2761/08, girado ya a ambas cámaras de la Legislatura de la Provincia y publicado en el Boletín Oficial, aprueba en todos sus términos el llamado Programa de Asistencia Financiera (PAF) en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
La normativa, que para entrar en vigencia deberá ser aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional, constituye una gestión alternativa del Estado para poder atender sus demandas internas si es que el Poder Legislativo no lo entiende de ese modo por sus tiempos y vaivenes políticos.
Hasta el momento, el acuerdo firmado el 27 de noviembre por el gobernador Arturo Colombi y la presidenta Cristina Fernández, no consiguió aval legislativo.
Este hecho retrasa el reintegro fondos sin los cuales será imposible equilibrar el presupuesto y hacer frente a los incentivos que el Gobierno acostumbra a otorgar a su planta de trabajadores en cada final de ejercicio.
Fue así que el gobernador diseñó, asesorado por su gabinete económico, encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Tressens, una solución en un marco de seguridad y estabilidad institucional.
En este contexto, el Decreto N° 2.761/08, de Necesidad y Urgencia, intenta agotar las gestiones administrativas para destrabar el envío de los 232 millones de pesos que ingresaron a la famosa reprogramación; sin olvidar, además, que el Gobierno de la Nación impuso condiciones de pago sin especificar cronograma alguno, lo que torna todavía más imprevisible el cumplimiento de las previsiones locales.
No obstante ello, tanto el gobernador Colombi como el ministro Tressens, aseguraron el otorgamiento de un incentivo de fin de año no bien ingrese al Tesoro Provincial, al menos la primera cuota del plan de pago comprometido por la Nación en lo que queda del mes de diciembre.
El Gobierno todo entiende y comparte las urgencias de los trabajadores de la administración y por ello, sin menospreciar su rol y mucho menos descartar el acompañamiento futuro de la Legislatura, se vio en la obligación de utilizar el salvoconducto del decreto.
Se basó para ello en antecedentes presidenciales que, ante el supuesto de una necesidad extrema y con el fin de velar por el concreto aseguramiento de la paz y el orden social en materia financiera y económica, adoptó medidas impostergables con soporte implícito en la carta fundamental, a pesar de que estas decisiones irrumpían competencias legislativas.
Con tal fundamento necesario, la normativa “autoriza al Estado Provincial a contraer endeudamiento y la afectación de la participación provincial en el Régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación – Provincias sobre la relación financiera y bases del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley N° 25.570, por hasta el monto total del préstamo con más sus intereses y gastos y para la plena ejecución del convenio”.
El decreto fue refrendado en acuerdo general por los ministros Sergio Tressens, de Hacienda y Finanzas; Walter Insaurralde, de Gobierno y Justicia; María Virginia Almará, de Educación y Cultura; Adolfo Schneider, de Salud; Alfredo Aun, de la Producción; Marcelo Falcione, de Obras Públicas; y Carlos Fagúndez, de la Secretaría General; y publicado el viernes 12 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes.
