Un 51 por ciento de las acciones de la empresa que pertenecen a la española Repsol pasarán a manos de la Nación y de las provincias productoras de hidrocarburos. La iniciativa contó con 207 votos a favor, gracias al apoyo de gran parte de los partidos opositores, sólo 32 en contra y seis abstenciones.
Con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, el oficialismo logró la aprobación en general del proyecto que establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones que la empresa española Repsol posee en YPF y que declara de "de interés público y nacional la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina". Ahora será tratado cada artículo en particular.
La ley, anunciada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner el 16 de abril, contó con el apoyo de partidos que opositores, como gran parte de la UCR, el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, y de aliados como Nuevo Encuentro.
Los rechazos al proyecto, que fue aprobado por el Senado el 26 de abril, surgieron del PRO, la mayoría del peronismo disidente, Elisa Carrió y algunos de sus compañeros de la Coalición Cívica. En tanto, el radical Oscar Aguad se retiró al momento de la votación mostrando una ruptura al interior del radicalismo provocada por el proyecto del kirchnerismo.
El último orador de la sesión fue el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, quien manifestó que “muchos compañeros le dieron gracias a la historia por estar aquí” pero aclaró que hay que otorgarle “a la historia lo que es de la historia y a la Presidente lo que es de la Presidente, y estamos aquí por decisión política de Cristina Fernández de Kirchner”.
Rossi agradeció a la oposición por su voto pero aseguró que el oficialismo “no se olvida” que son los mismos bloques que dos años atrás “no quisieron aprobar el presupuesto para que gobierne Cristina”.
“A partir de hoy en la Argentina el petróleo pasa a ser el insumo básico para el desarrollo y el crecimiento económico del país”, sentenció el jefe del bloque oficialista.
Con la aprobación de la iniciativa, el 51 por ciento de la empresa quedará en manos del Estado Nacional y las provincias, 25,46 por ciento seguirá perteneciendo al Grupo Petersen, 17 por ciento continuará cotizando libremente en bolsa y 6,43 por ciento quedará para la española Repsol.
En tanto, de las acciones expropiadas, el 51 le corresponderán a la Nación y el restante 49 por ciento se distribuirá entre las provincias que componen la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), es decir Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La norma faculta además al Estado a tomar medidas a fin de "garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones".
De acuerdo a la norma, la política hidrocarburífera apuntará a: la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento.
También se plantea como objetivos la incorporación de nuevas tecnologías; la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; y la obtención de saldos exportables.
La norma crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese Consejo tendrá las misiones de garantizar el cumplimiento de la ley y de elaborar el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
En cuanto a la expropiación, se regirá por la Ley de Expropiación 21.499, y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Adempás, se prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.
YPF tendrá permitido acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.
La ley, anunciada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner el 16 de abril, contó con el apoyo de partidos que opositores, como gran parte de la UCR, el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, y de aliados como Nuevo Encuentro.
Los rechazos al proyecto, que fue aprobado por el Senado el 26 de abril, surgieron del PRO, la mayoría del peronismo disidente, Elisa Carrió y algunos de sus compañeros de la Coalición Cívica. En tanto, el radical Oscar Aguad se retiró al momento de la votación mostrando una ruptura al interior del radicalismo provocada por el proyecto del kirchnerismo.
El último orador de la sesión fue el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, quien manifestó que “muchos compañeros le dieron gracias a la historia por estar aquí” pero aclaró que hay que otorgarle “a la historia lo que es de la historia y a la Presidente lo que es de la Presidente, y estamos aquí por decisión política de Cristina Fernández de Kirchner”.
Rossi agradeció a la oposición por su voto pero aseguró que el oficialismo “no se olvida” que son los mismos bloques que dos años atrás “no quisieron aprobar el presupuesto para que gobierne Cristina”.
“A partir de hoy en la Argentina el petróleo pasa a ser el insumo básico para el desarrollo y el crecimiento económico del país”, sentenció el jefe del bloque oficialista.
Con la aprobación de la iniciativa, el 51 por ciento de la empresa quedará en manos del Estado Nacional y las provincias, 25,46 por ciento seguirá perteneciendo al Grupo Petersen, 17 por ciento continuará cotizando libremente en bolsa y 6,43 por ciento quedará para la española Repsol.
En tanto, de las acciones expropiadas, el 51 le corresponderán a la Nación y el restante 49 por ciento se distribuirá entre las provincias que componen la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), es decir Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La norma faculta además al Estado a tomar medidas a fin de "garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones".
De acuerdo a la norma, la política hidrocarburífera apuntará a: la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento.
También se plantea como objetivos la incorporación de nuevas tecnologías; la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; y la obtención de saldos exportables.
La norma crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese Consejo tendrá las misiones de garantizar el cumplimiento de la ley y de elaborar el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
En cuanto a la expropiación, se regirá por la Ley de Expropiación 21.499, y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Adempás, se prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.
YPF tendrá permitido acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.
